martes, 28 de junio de 2016

Cambiemos quiere limitar las facultades extraordinarias del Gobernador incluidas en la Ley de emergencia en Seguridad.


El bloque opositor elaboró una alternativa en comisión para evitar que los integrantes de las fuerzas de seguridad sean puestos en disponibilidad arbitrariamente por decisión del Ejecutivo, como señala el proyecto impulsado por el oficialismo provincial.


Compromiso Federal y el Frente Para La Victoria presentaron un despacho único en la Comisión de Seguridad que otorga al titular del Ejecutivo, la posibilidad de desplazar por decisión propia a cualquier integrante de la Policía provincial o las fuerzas del orden público. A su vez, las adquisiciones para el área serían realizadas por contratación directa, sin intermediarios.

“El policía no puede reclamar por sus derechos laborales, no puede protestar por las condiciones de trabajo y además pone en riesgo su vida. Es un desacierto pensar que pasando a disponibilidad a todas las fuerzas de seguridad se resolverá la crisis de equipamiento e infraestructura que existe en la Policía Provincial”, señaló el titular del Bloque Cambiemos Alejandro Cacace. En la comisión de Asuntos Constitucionales el legislador presentó un despacho en minoría para eliminar las nuevas facultades que busca obtener el Gobernador Alberto Rodríguez Saá a través de sus diputados y senadores en la Legislatura.

“Es muy difícil debatir cuando el oficialismo no tiene intenciones de modificar una coma del proyecto como el presentado por el Ejecutivo. Compromiso Federal impulsa un proyecto para que la firma del Gobernador haga contrataciones directas o prescindir de efectivos policiales según su disposición”, subrayó el diputado Juan Manuel Rigau.

El oficialismo provincial, con el pretexto de una respuesta concreta a la inseguridad arremete contra las fuerzas públicas, sometiéndolas  al arbitrio del poder político.

La Policía provincial atravesó en 10 años, dos paros y protestas generalizadas por falta de equipamiento (desde patrullas hasta chalecos), pésimas condiciones de trabajo, mínima remuneración y una precarización laboral sin precedentes. La respuesta del Gobierno Provincial sólo fueron despidos y sumarios masivos.  

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